Sophia, en griego “sabiduría”, diosa de la sabiduría, es también el nombre de la primera androide con inteligencia artificial que ha adquirido la ciudadanía de un país en Octubre de 2017, más concretamente la saudí. Esta robot, con aspecto y comportamiento humano, ha sido diseñada y creada con capacidad de aprendizaje y para trabajar con humanos, siendo, a día de hoy, la androide que mejor ha desarrollado la creatividad, la empatía y la compasión, pudiendo incluso mantener una conversación corriente.

Sophia es únicamente el punto de partida de la fusión inminente que supone la explosión de la robótica en nuestras vidas cotidianas y, entre ellas, la del mundo laboral que, a su vez, deja muchos huecos aún por rellenar: ¿deberían cotizar los robots? ¿Deberían pagar otros impuestos similares al de las personas físicas y jurídicas? Y, quizás la más importante de todas, ¿supone esto que tendrán el mismo trato que el resto de la ciudadanía en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades se refiere?

En la Unión Europea, conocedores de la actual situación tecnológica que estamos viviendo, se está debatiendo si los androides inteligentes deberían también ayudar a contribuir al ingreso de los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social a través del “Informe sobre Personas Electrónicas”. No obstante, su aplicación práctica en España resulta de mayor complejidad en tanto que la Ley reguladora del IRPF -que no permite gravar a quien no sea persona física y/o jurídica- tanto la Ley General de la Seguridad Social necesitarían una profunda actualización, con el debido consenso que eso supone, ya que nos encontramos ante una materia que genera opiniones enfrentadas, pues aún estamos lejos de consensuar el concepto más básico de “persona electrónica”.

A lo largo de los últimos años, la creación legislativa ha sido frenética en su afán de regularizar todos los conflictos sociales que han ido surgiendo a través del necesario debate que se ha ido generando. Véase el derecho medioambiental o animal entre otros, no debiendo quedarse relegada la regularización de la inteligencia artificial.

Es innegable, por todo lo expuesto, que resulta más que necesaria una regulación inminente en esta cuestión, que se desarrolla no proporcionalmente si no exponencialmente,  pues no hablamos de futuro sino de presente, siendo la convivencia conjunta algo que va a suceder sin que podamos evitarlo, únicamente adaptarnos. Resulta imprescindible que se lleve a cabo la indispensable ordenación normativa de los derechos, obligaciones y responsabilidades, y se pueda dar solución a los aspectos más cotidianos de las relaciones laborales que se generará con la integración de la inteligencia artificial al mundo laboral, desde la posibilidad de que le ocurra un accidente laboral a Sophia, hasta su hipotética jubilación.